La Jornada San Luis
Google

Martes 3 de Septiembre del 2013

GUILLERMO LUÉVANO BUSTAMANTE

ALTERMUNDI

 

Educación y condiciones docentes en SLP

 

El anuncio de las recientes reformas en materia laboral-educativa sobre la Ley de Servicio Profesional Docente en México –y su eventual aprobación furtiva– desató la inconformidad de miles de profesores y profesoras afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. La movilización magisterial en diversas ciudades del país desató a su vez la ira de una clase empresarial que impulsa, mediante el PRI y el PAN, las reformas que salvaguarden sus intereses y preserven sus privilegios y que llaman pomposamente “reformas estructurales”.
La educación es un tema por demás sensible y quienes estos días se manifiestan en las calles del país reivindican sus derechos laborales. La modificación normativa les orilla a un régimen de excepción legal, les impone criterios indignos, inadmisibles para cualquier otro empleo, disminuye la estabilidad y los derechos laborales, so pretexto de incrementar la calidad educativa.
El linchamiento mediático contra quienes se manifiestan ha sido descarnado. Las grandes televisoras y los medios oficialistas han emprendido una campaña de estigmatización concordante con el viejo sistema político: presentan a las disidencias sociales como malignas y así abonan el camino para la represión, mediante una pretendida legitimidad del uso de la fuerza pública. Defender los derechos, en las calles, no es de ningún modo un delito.
Las supuestas buenas intenciones de la presidencia de la República, promovente de la iniciativa, concitan dudas sobre sus alcances. Dicen desde la presidencia y las cámaras legislativas que mediante la evaluación del personal docente garantizarán que la educación mejorará. Pero con poner en situación laboral vulnerable a quienes se encargan de la enseñanza en las aulas no se generan condiciones favorables para su mejor desempeño, menos aún si las evaluaciones docentes se rigen por criterios empresariales que desconocen las condiciones reales en las que se lleva a cabo la educación, especialmente en zonas rurales, donde, con precarias instalaciones y raquítica infraestructura, docentes sacan adelante y con dignidad su labor.
La iniciativa es parte de una tendencia mayor que afecta diversos niveles educativos. En San Luis Potosí hace años que afecta ya a la educación media superior. Desde 2005, por decreto, se anunció el inicio de un proceso de homologación salarial para docentes del Colegio de Bachilleres en todo el país. Esa homologación pretendía que quienes trabajan en Cobach percibieran los mismos sueldos que el Instituto Politécnico Nacional, aunque luego se modificó el criterio y la referencia fueron los Centros de Bachillerato Industrial y Tecnológico.
Pues en San Luis Potosí ni lo uno ni lo otro. Se suponía que en los Cobach habría una consideración para decidir los escalafones, que las plazas y los ascensos, incluso los puestos directivos serían sometidos a concurso y que habría procesos de evaluación para aumentar las horas clase, en beneficio de la parte docente. Lo que sucedió desde entonces es que la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado, en colusión con el Sindicato “Independiente” de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, han beneficiado mayoritariamente a personal cercano políticamente al gobierno. La supuesta homologación no ha servido a la generalidad de la planta docente de los más de 40 centros Cobach en el estado, ni de las 36 unidades de educación a distancia que funcionan en San Luis Potosí.
Algunas de las personas afectadas por estas prácticas de exclusión se organizaron en una Coalición de Trabajadores del Colegio de Bachilleres y han emprendido dignamente una batalla para evidenciar la opacidad y arbitrariedad con que se deciden las homologaciones y para evidenciar prácticas de corrupción en la dirección del Cobach. La revisión de cuentas que realiza ya la Auditoría Superior del Estado arroja preocupantes resultados parciales: directivos que no se someten a los criterios de ascenso o permanencia, y que, sin embargo, se mantienen más de dos décadas en sus posiciones, funcionarios que no asisten y sólo cobran su nómina hasta durante seis años.
En el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos de San Luis Potosí no existen los mecanismos de ascenso y escalafón, pero las prácticas son semejantes, el sindicato oficial se beneficia de la asignación de plazas y de la distribución de horas, con la complacencia de la directiva y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Ahí también se han organizado docentes en una agrupación sindical independiente para denunciar las irregularidades y siguen en resistencia.
Entre ambas instituciones atienden a más de 40 mil estudiantes en toda la entidad, sus instalaciones tienen carencias, pero sobre todo las condiciones de trabajo de su profesorado son francamente desfavorables. El problema de la educación media superior en San Luis Potosí atraviesa por estos y otros muchos asuntos. La evaluación docente es un indicador, pero sobre todo es preciso atajar los males de origen: la infraestructura, las condiciones de trabajo del personal docente son muchas veces deplorables, no se les puede exigir en correspondencia más allá de lo que pueden dar en esa adversidad material.
Twitter: @GuillerLuevano


Contáctenos | Aviso Legal


© Licitud de título y de contenido, y reserva
del uso exclusivo del título, en trámite..