Jueves 11 de Marzo del 2010
MA. GUADALUPE GONZÁLEZ MOCTEZUMA
EL GRAN TUNAL
Incomprensible
Lo más extraño en el conflicto entre el gobierno estatal y el Movimiento Pueblo Libre es que se emplee a varios negociadores. Parece el viejo truco de negociar para perder. Como una prueba para los aspirantes a negociadores.
Y aunque la relación del Movimiento del Pueblo Libre con la Secretaría General parece irremediablemente fracturada, sí han aceptado el diálogo con emisarios del despacho privado del gobernador.
Inútil concesión, claro, porque el emisario no volvió a acercarse al grupo de inconformes y empezó el desgaste por tiempo.
Las barbas del vecino
Ayer la Comisión Estatal de Garantías de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) dio a conocer que el pleno del organismo determinó sancionar al ex funcionario Manuel Sánchez Hermosillo por no proporcionar información sobre los invernaderos de Santa Rita.
La multa cala. Son 500 días de salario mínimo, pero sienta un interesante precedente, sobre todo porque la nueva administración ha dado claras muestras que de es enemiga de la transparencia.
Por si las moscas, las actas de las reuniones de gabinete ya pueden ser consultadas en la página web del gobierno estatal, aunque por otro lado busquen clasificar como reservados cada vez más rubros de la administración pública.
Transparencia, sí, pero no tanta
Ayer José Mario de la Garza Marroquín se pronunció sobre el proyecto de decreto presentado por la administración torancista al Congreso local y consideró que, además de atentar contra la libertad de expresión, tiene características de inconstitucionalidad.
Según el abogado, lo preocupante es la redacción del artículo ya que podría afectar la transparencia y la libertad de expresión.
De la Garza Marroquín señaló que “en el asunto de la seguridad hay cierto sentido de protección a la privacidad de las personas y estaríamos de acuerdo con ello, pero tanto como que no podamos reportar su actividad, eso sería inconstitucional”.
Pero el presidente de la Barra Mexicana de Abogados capítulo SLP va más lejos cuando señala que las penas que pretenden establecer son un reconocimiento a que las corporaciones policíacas están infiltradas.
Dio la cara
Miguel Angel Campillo hizo circular ayer un comunicado en el que explica a la sociedad que los gastos que dejaron sin comprobar se quedaron así por la toma del edificio del PRD y el hurto, por parte de Domingo Rodríguez Martell y sus huestes, de las chequeras de la dirigencia perredista.
Campillo Bravo involucra en estos ilícitos al ahora diputado local Felipe Abel Rodríguez Leal y al ex secretario de finanzas del partido, Emeterio Ramírez.
Cuestiona también que pese a la denuncia que en su momento hicieron y la falta de comprobaciones, se continuara entregando los recursos correspondientes al partido.
Explicación no pedida
El vocero del Arzobispado, Darío Pedroza, señaló ayer que en el área de mujeres del Ceprereso de La Pila no hay oficio religioso los domingos porque tratan de respetar los días de visita, pero que de ninguna manera obedece a un acto de discriminación.
El sacerdote responde así a la acusación que hicieron en las páginas de La Jornada San Luis, mujeres que han estado presas en ese reclusorio y que consideraron que la falta de oficios religiosos, no sólo católicos, sino de todas las religiones, era una muestra más de la discriminación que afecta a las presas.
Otra explicación
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Durón Santillán, justificó la ausencia de su asesor jurídico Leonel Serrato argumentando que el aún funcionario realiza importantes comisiones en algunos municipios.
Nada dijo, eso sí, de la falta de una oficina para su asesor y en los pasillos palaciegos se ha puesto a trabajar la rumorología “ilegal” que afirma que Serrato despacha desde las instalaciones de su notaría, cuando no desde su domicilio particular.
Claro que también hicieron circular el cuento de que Eduardo Marceleño no dejó la administración torancista por su voluntad, sino que fue a raíz de una muy seria discusión con el encargado de la política interna del estado.