Jueves 11 de Marzo del 2010
Iniciativa de Toranzo presenta característicvas de inconstitucionalidad: De la Garza
Crear delito de “información indebida” atenta contra libertad de expresión y transparencia
La iniciativa del gobernador FernandoToranzo para crear el delito de “información indebida”, representa un atentado contra la libertad de expresión, un golpe a la transparencia y, además presenta características de inconstitucionalidad, aseguró José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo San Luis.
En entrevista con La Jornada San Luis, el especialista en temas de transparencia y derecho de acceso a la información, exhortó al Ejecutivo estatal a analizar la vaiabilidad de ese proyecto de decreto enviado al Congreso del Estado.
Explicó que en el tema “de la seguridad de las personas, si la cuestión es sancionar a quienes están dando información de donde te localizas para cometer un delito, si está conectado con la comisión de otro delito que está porque con la información proporcionada te pueden ubicar, entonces sí vale la pena que se analice”.
Sin embargo, “lo que preocupa es la redacción del artículo que dice que si das información de la actividad de una persona que pueda afectar su actividad, en eso cabe cualquier cosa”.
Por ejemplo, citó, “un reportero puede dar la información de la actividad de un funcionario pero qué significa que afecte su actividad, con eso se podría afectar, evidentemente, la transparencia y la libertad de expresión, lo cual es muy delicado”.
De la Garza Marroquín expuso que “lo que se puede esperar es que al rato empiecen a perseguir a los que hacen opinión pública o a los propios medios de comunicación porque están afectando la actividad de un funcionario”.
En pocas palabras, la iniciativa impulsada por el ejecutivo estatal, para empezar se enfrenta con la Constitución, la libertad de expresión y el acceso a la información que permite utililizar ésta para los fines que considere el peticionario.
“Aquí ya estaría diciendo que esto es un delito y que se está utilizando la información con el fin de afectar la actividad de un funcionario, lo cual no es nada claro”, agregó.
El abogado citó un ejemplo al preguntar qué pasará “si yo salgo a hacer una crítica a un diputado, estaría afectando su actividad, eso parece entenderse, creo que en esa parte la redacción de la iniciativa es muy delicada”.
De cómo podría resultar afectado un periodista y un medio de comunicación con el delito de la información indebida, señaló que “es que la redacción del tipo penal dice que si no tienes autorización del funcionarios y tu estás dando informes de su actividad, en ese sentido puedes cometer un delito”.
Se puede dar el caso de “un periodista que sea denunciado penalmente en base a que se dio una información de la agenda de un servidor público y eso me afectó en mi credibilidad, en mi honradez o en mi desempeño”.
En ese sentido, la Procraduría General de Justicia se estará conviertiéndo en un elemento para investigar que es lo que se está diciendo de la actividad de las personas. “Eso me parece que es grave”.
A decir de De la Garza Marroquín, en el asunto de la seguridad hay cierto sentido de protección a la privacidad de las personas y estaríamos de acuerdo con ello “pero tanto como que no podamos reportar su actividad, eso sería inconstitucional”.
De aprobarse el decreto en el Congreso “se violaría la libertad de expresión que es un pilar de los estados democráticos”.
En el caso de ese delito en el que las sanciones de cárcel y económicas aumentan al doble cuando quien proporcione información desde las corporaciones policías, consideró que eso es un reconocimiento de que las filas de la policía están infiltradas.
“Eso deja ver que hay investigaciones porque hay inflitrados que están reportando, desde adentro, la información y eso está afectando la actividad de las personas”.
Dijo que si se lee con cuidado la exposición de motivos de la iniciativa del ejecutivo “se confirma que hay una situación de infiltramiento de información importante, pero eso no debiera ser una afectación de los derechos de los ciudadanos”.
Esa iniciativa “la veo como un retroceso a los derechos de los ciudadanos en el sentido de que se nos impida o se criminaliza como delito grave que no te permite la libertad bajo causión porque hable de la actividad de un funcionario público”.
¿Considera que el gobernador debería retirar la iniciativa?
No, creo que debiera analizarse y debería discutirse abiertamente, debería revisarse y redactarse adecuadamente para que no se convierta en una ley mordaza. Así como esta, coarta la libertad de expresión y sería violatoria de la Constitución, por lo que en caso de ser aprobada, se podrían promover amparos, concluyó.