La Jornada San Luis
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Sábado 28 de Junio del 2008

Se han recibido 96 quejas de trabajadores

Quejas por incumplimiento reparto de utilidades son un porcentaje bajo: Domínguez Casanova

 

Se han recibido un total de noventa y seis quejas de trabajadores ante el incumplimiento de algunas empresas de otorgar el reparto de utilidades correspondiente, pese a ello, el secretario del trabajo a nivel estatal, Ricardo Domínguez Casanova informó que se trata de un porcentaje bajo considerando la existencia de miles de empresas en el Estado.
El Reparto de Utilidades es el derecho constitucional que tienen los trabajadores a participar  en las ganancias que obtiene una empresa o patrón de acuerdo con su declaración fiscal por la actividad  productiva o servicios que ofrece en el mercado. Este derecho está previsto en el artículo 123 apartado A fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo. Es por ello que como derecho constitucional, los trabajadores de planta o que hayan laborado más de sesenta días en un empresa deben recibirlo, y de no ser así se debe proceder legalmente.
Domínguez Casanova explicó que directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del programa de Servicio de Administración Tributaria, la ley tiene un procedimiento a seguir para todas aquellas personas físicas y morales que no cumplan con la obligación de entregar la participación de utilidades. Así mismo aseveró que la Secretaría, actualmente se encuentra trabajando en las noventa y seis quejas recibidas al respecto, lo anterior con el fin de poder lograr recuperar en beneficio de los trabajos, el reparto de utilidades.
No obstante, también aclaró que en San Luis Potosí hay miles de empresas, de las cuales sólo se recibió queja de noventa y seis, lo cual indica que el porcentaje de cumplimiento es mucho más superior que el de incumplimiento.
Con respecto al tiempo que tomará la resolución de dicha problemática, Domínguez Casanova mencionó que tras el inicio de todos los trámites y el procedimiento, las empresas tienen también el derecho de promover entre las autoridades su inconformidad y comprobar si realmente se encuentran o no en condiciones de dar la prestación, por lo cual el proceso puede ir desde un mes hasta un año.

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