Viernes 16 de Mayo del 2008
“Nosotros solo asesoramos, ejidatarios dicen el precio final”: Gregorio Martínez
Procurador agrario, sin valor para admitir realidad: siguen invasiones y ventas forzadas
Marcela Loyola
Gregorio Martínez Álvarez, delegado de la Procuraduría Agraria (PA), se deslindó de total responsabilidad de que los ejidatarios vendan sus tierras a bajo precio, al señalar que se les asesora pero ellos son los que deciden vender y hasta son los que dan el costo de su tierra.
“En estos casos se le da toda la asesorías al ejidatario y en muchos de los casos el ejidatario dice que no quiero ser parte de una sociedad, dice ‘yo lo que quiero es que aquí esta mi parcela, para mi parcela vale tanto y cederé el dominio pleno’, y en estos caso es la libertad es de ellos”, apuntó.
Añadió que la Procuraduría Agraria tiene asesores directos en los ejidos y comunidades, donde se llevan reuniones de asesorías, respecto a los procedimientos de venta para que los ejidatarios y comuneros logren el mayor beneficio de su tierra.
“En los caso de los ejidos o personas que dicen que han sido engañados, hay un acuerdo de la asamblea que trata de tierras uso común, de las que se les da la asesora para llevar acabo la aportación de tierras o la adopción del dominio pleno, esta un representante de la procuraduría que les dice que establece la ley y en algunos de los casos son los propios ejidatarios o la asamblea la que decide llevar acabo la aportación de tierra”, expuso.
Gregorio Martínez indicó que posterior a la venta por acuerdo de la asamblea es cuando se da la controversia si se les pago la cantidad justa por sus tierras o no.
“En el caso de la aportación de tierras a asociaciones civiles o mercantiles, la PA integra un expediente y revisa todo el procedimiento para que el ejidatario y el ejido no estén en desigualdad”, argumentó.
Agregó que se están implementando nuevos procedimientos y programas, donde hace una revisión del fomento de la inversión pública y privada en los ejidos, para formar una bolsa de tierra y avisarles a los comuneros y ejidatarios de las partes susceptibles al desarrollo urbano o industrial.
Manifestó que es mínimo lo que se ha perdido de tierras ejidales, porque solo ha sido en la zona conurbada.
El delegado de la AP minimizó los problemas en las comunidades de Canoas y San Juan de Guadalupe, y dijo que entre nueve y 10 conflictos fuertes y que en varios de los casos hay procedimientos de conciliación.
De igual forma, negó que hubiera focos rojos en el estado, dijo que eran conflictos sociales, de los cuales la mayoría se dan en la Huasteca.