Miércoles 26 de Abril de 2006
Al gobierno ya se le acabaron los recursos legales, advierte el demandante
Por un adeudo de 3.1 mdp embargarán maquinaria del invernadero de Santa Rita
El empresario José Carlos Zarzosa Jiménez, quien desde marzo de 2001 interpuso una demanda en contra de los invernaderos de Santa Rita por la falta de pago de poco más de tres millones de pesos por servicios prestados al proyecto hortícola, anunció que hoy embargará maquinaria de la empresa expropiada por el gobierno del estado.
En entrevista telefónica, el propietario de Caza Construcciones anunció que hoy acudirá, acompañado de un actuario y de la fuerza pública, a las instalaciones de Santa Rita con el fin de embargar dos seleccionadoras de tomate y dos empacadoras, maquinaría valuada en unos 10 millones de pesos, para compensar el adeudo principal y los accesorios de un juicio que inició el sexenio pasado debido a la morosidad de los invernaderos.
Las máquinas embargadas, aseguró el empresario, son vitales para los procesos del proyecto hortícola y, sin ellas, la empresa expropiada no podría trabajar.
Si se concreta, el embargo concluiría un litigio que empezó en marzo de 2005, cuando Caza demandó ante el Juzgado Tercero de Distrito, el pago de tres millones 175 mil pesos adeudados por Tecnor UTE, entonces administradora del proyecto promovido por el gobierno de Fernando Silva Nieto, por servicios de pailería y soldadura prestados por la compañía reclamante.
La autoridad judicial falló a favor de ésta, pero los invernaderos se negaron a pagar. Empezó entonces un litigio que terminó desfavorablemente, ya en el gobierno de Marcelo de los Santos Fraga, para la administración estatal. En octubre de 2005, el Juzgado Tercero de Distrito ordenó el embargo de bienes de la empresa para saldar el cobro.
El gobierno del estado, señaló el entrevistado, inició un proceso de amparo que concluyó la semana antepasada sin éxito, pues la justicia federal no se lo concedió.
En ese lapso, acusó Zarzosa Jiménez, la administración marcelista “actuó de mala fe” a través de un despacho legal, el de López Siqueiros y Torres Landa, contratado en el Distrito Federal expresamente para atender este asunto.
“Ya se les acabaron los recursos legales”, sentenció José Carlos Zarzosa, pues el juez autorizó hasta el rompimiento de candados y cerraduras, así como al intervención de la fuerza pública para concretar el embargo.
El entrevistado prevé resistencia, pues dijo tener conocimiento de que los trabajadores pretenden encadenarse a las máquinas para evitar su sustracción. Tampoco descarta que los agentes policiacos asignados a la tarea no acudan.
Si se dan esos casos, afirmó, la estrategia es llamar a cuentas a Marcelo de los Santos Fraga e incluso acusarlo legalmente por desacato de una orden judicial.